Comisiones Obreras Aragón rechaza la nueva regulación de la incapacidad temporal, que otorga más poder de control y gestión a las mutuas.

Fecha: 04-08-2014

Salud Laboral |
 

El pasado 21 de julio se publicó el Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y el control de los procesos de incapacidad temporal, en los primeros 365 días de su duración. Un Real Decreto que introduce importantes cambios con respecto a la legislación actual sobre la gestión, control, plazos y procedimientos de la incapacidad temporal, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que establece una nueva regulación de la incapacidad temporal por parte de las mutuas que podrán controlar el proceso desde el primer día de la baja, lo que supone más poder para condicionar a las personas poniendo en peligro su recuperación.

Para Comisiones Obreras la publicación de este Real Decreto omite compromisos adquiridos en el diálogo social en la línea pactada de colaboración con el Sistema Público de Salud, no hace mención a la necesidad de implantar un sistema que permita el afloramiento de las enfermedades profesionales, tampoco alude al compromiso de coordinación entre el Sistema público de salud y las mutuas, en la mejora de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo incluye cuestiones relacionadas con el procedimiento de propuesta de alta formulada por las mutuas en los procesos de derivados de contingencias comunes, con las que Comisiones Obreras se ha mostrado abiertamente en contra.

El argumento recurrente al gasto de la prestación por incapacidad temporal y su repercusión en la productividad no se atiene a la realidad, ya que en los últimos años ha ido reduciéndose. Muestra de ello es la evolución de los indicadores de incidencia y duración media de los procesos, así como la evolución del gasto por persona afiliada a la seguridad social, haciendo innecesaria la adopción de medidas extraordinarias de control por parte de las mutuas que puede poner en peligro la recuperación de las personas trabajadoras.

Los recortes han mermado la salud de los trabajadores y trabajadoras, mienten en su encaje con el concepto de absentismo, el mismo no es un problema, sirva el dato de la encuesta de coyuntura laboral que elabora el Ministerio de trabajo, cuando muestra parámetros del 3.5%, o cuando indica que el 72% de la población activa no presenta en el plazo de un año ninguna incapacidad por enfermedad común. Lo que si es cierto son los diferentes estudios donde se estima que las patologías de origen laboral llegarían al 64% en la infradeclaración de las enfermedades profesionales.

En opinión de Benito Carrera, secretario de salud laboral de Comisiones Obreras Aragón, “el decreto y el anteproyecto de la ley de mutuas consolidan el interés privado-empresarial de estas entidades para ganar terreno a la gestión pública, ello conlleva una ambición de protagonismo en el control del poder de las mutuas en el control de la prestación de la  incapacidad temporal. Donde queda cuestionada la profesionalidad de las y los médicos del Sistema Público de Salud ya que serán las propias mutuas las que supervisen el trabajo del personal médico del Sistema Público”. Comisiones Obreras frente al anteproyecto de la ley de mutuas evidencia que es necesario un debate en profundidad sobre el modelo de mutuas. “Cualquier reforma debe configurar un proyecto estratégico, coherente y consensuado según determinamos en los acuerdos sobre la modernización del sistema de Seguridad Social en 2011” afirma Carrera.

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